Palestina acorralada

Palestina continua acorralada. El final de 2017 no ha visto el titular que el pueblo palestino lleva esperando desde hace más de 70 años. Una fecha que, en todo caso, ya suponía la partición del territorio en virtud de una resolución de Naciones Unidas, y que lejos de cumplirse, y aún siendo considerada injusta, ha ido mucho más allá de lo que dictaba la recomendación de la ONU y ha sobrepasado todos los límites. Todo podía ir peor. En el mes de diciembre de 2017, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró Jarusalén capital de Israel, anunciando el traslado de la Embajada norteamericana a dicha capital, obviando y vulnerando el estatus especial de la ciudad e invadiendo de nuevo el territorio de la legalidad internacional que otorga a la ciudad una consideración que está al margen del supuesto reparto, incumplido, de territorios.

Desde 1947 se habla de partición. Fue en la Resolución 181 donde se recomendaba la partición de Palestina en un Estado judío para el medio millón de colonos judíos sobre el 55% del territorio, mientras que se establecía el Estado Palestino sobre el 45% restante, para un millón de árabes. La primera invasión se produce poco después, cuando se produce la proclamación unilateral del Estado de Israel, en mayo de 1948. Es la fecha de la llamada Nakba, un ‘desastre’ o ‘catástrofe’ que expulsó de sus territorios a más de 750.000 personas. Desde aquel momento, la ‘Nakba’ no ha cesado, y la invasión alcanza en estos momentos su peor expresión: desde 2002, más de 440 kilómetros de muro construídos, 5 millones de refugiados palestinos por el mundo,  solo en 2016, el año con mayor número de demoliciones israelíes en los territorios ocupados en los últimos siete ejercicios, 1.089 derribos de propiedades palestinas que han afectado a más de 1.593 desplazados/as y afectaron los medios de subsistencia de 7.101 personas. Un sistema segregacionista impide el acceso a cultivos, agua y transportes, y establece hasta cinco tipos de tarjeta de identidad, en virtud de ‘criterios de sangre’.

Como recoge Diego San José en Rebelion, “el primer tipo de ciudadanía, que corresponde a 5,9 millones de personas, es la que se le otorga a la población judía de Israel que les permite votar, ir al ejército de forma obligatoria excepto que se trate de los llamados ortodoxos que están exentos, y pueden vivir en todo Israel y en las zonas C de Cisjordania, es decir, en el 60% de este territorio; pero no pueden vivir ni en las zonas A y B ni en Gaza. Los siguientes tipos de identificación ya son para la población palestina. El segundo grupo de población o el primero de los palestinos es para los palestinos que viven en Israel porque no fueron expulsados durante 1948. Son aproximadamente 1,3 millones de personas, pueden votar pero ni van al ejército ni pueden vivir en un 68% de Israel por oposición de los comités de admisión, tampoco en Cisjordania ni en Gaza. Ese grupo de población sufre dentro de Israel una discriminación legal. El siguiente, los palestinos residentes en Jerusalén Este sufren una discriminación legal y una ocupación militar, igual que los de Cisjordania y los de Gaza. En Jerusalén viven 300.000 palestinos y pueden acceder a la mayoría de áreas palestinas pero pueden perder la “residencia permanente” en Jerusalén si viven fuera de la ciudad. Este grupo de personas no puede votar y no son considerados ciudadanos israelíes. Cruzando el muro encontramos a los palestinos que habitan en Cisjordania. Son aproximadamente 2,3 millones de personas que solo pueden vivir en el 40% de este territorio (zonas A y B y viven bajo el control militar y la colonización. Tras otros muros y bajo el bloqueo desde 2007, se encuentran los más de millón y medio de habitantes de Gaza que no pueden salir de la Franja excepto para trabajar si Israel les entrega el permiso de trabajo. Por último, encontramos a los 5,7 millones de refugiados que viven fuera de Palestina y que pese a la Resolución 194 de 1948 aprobada en la Asamblea de las Naciones Unidas y la resolución 3236 aprobada en el mismo lugar en 1974 que reafirma el “derecho inalienable de los palestinos a regresar a sus hogares y recuperar sus bienes desde donde quiera que se encuentren desplazados”.

“Este sistema de identificaciones, además de suponer una discriminación legal sufrida por los palestinos, supone dividir Palestina en dos zonas diferenciadas: Cisjordania y Gaza que apenas pueden tener relación entre sí. Si un palestino de Cisjordania se casa con una palestina de Gaza, deberá irse a vivir a Gaza. Igual que si una palestina de Jerusalén Este se enamora de un palestino de Cisjordania, deberá renunciar a su tarjeta de identidad en Jerusalén e irse a Cisjordania si quiere vivir con su futuro marido”.

Desde el anuncio de Trump han muerto 14 personas palestinos y palestinas, más de 4.500 han resultado heridas, y entre ellos/as se cuentan 226 niños y niñas. Son datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por su sigla en inglés). Tras el fatídico 6 de diciembre, día en que Trump anunció el tralado de la embajada a Jerusalén, Israel ha disparado a más de un tercio de los manifestantes con municiones reales, entre ellos agricultores y pescadores. En respuesta a la posición de Trump, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución contra el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel.

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