Según Naciones Unidas, en el conflicto que duró 51 días en julio y agosto del año pasado, 2.200 palestinos murieron, frente a 73 israelíes. Acusa a israelíes y grupos armados palestinos de haber cometido “crímenes de guerra”. Del lado palestino, el informe no toma en cuenta el desequilibrio de fuerzas y las incomparables pérdidas entre ambas partes. La Autoridad Nacional Palestina y entidades de derechos humanos anunciaron que acatarán sus recomendaciones. El representante de Israel ante el Consejo boicoteó la sesión ausentándose de la sesión, junto a Estados Unidos.
A finales de junio, la Comisión creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en agosto de 2014 hizo público el informe sobre el último ataque de Israel a Gaza. Lejos de juzgar solo a Israel, como se anunció al comienzo, el informe cuestiona la actuación de ambas partes. Cabe señalar la enérgica protesta de Israel cuando se anunció, calificándola de “farsa judicial” señalando lo que consideraba “clara inclinación propalestina” por estar en ella dos de los integrantes de la comisión que investigó los ataques que Israel cometió entre diciembre de 2008 y enero de 2009.
En relación con el informe de Naciones Unidas sobre la responsabilidad de ambos lados, Palestina e Israel, en la comisión de crímenes de guerra, BADIL, el Centro de Recursos para los Derechos de los Refugiados de Palestina, ha realizado un análisis exhaustivo de las conclusiones del informe que quedó expresado en un documento cuyo título anticipa debilidades que considera “evitables”.
Badil celebra el informe como un paso hacia la rendición de cuentas de los autores de crímenes internacionales, cualquiera que sea su identidad, pero considera que contiene “ambigüedades cruciales y omisiones”. El informe deja claro que las prácticas israelíes no cumplieron con dos principios centrales del Derecho Internacional Humanitario (DIH), distinción y proporcionalidad. El informe detalla los miles de muertos palestinos que resultaron de 50 días asalto de Israel contra la Franja de Gaza, destacando los ataques israelíes contra civiles palestinos y bienes de carácter civil que se realizaron en ausencia de cualquier justificación legal. También reafirma que la Franja de Gaza está sometida a la ocupación militar por parte de Israel, lo que confiere a Israel una serie de obligaciones legales bajo el Derecho Internacional Humanitario, mientras que detalla de forma simultánea una serie de fallos críticos y fundamentales en los propios procesos de investigación de Israel en cuanto a la legalidad de su acciones y políticas dentro de los territorios palestinos ocupados.
Sin embargo, el informe, y su impacto potencial, se debilitan por una serie de fallas estructurales; identifica los ataques israelíes ilegales como parte de una política general, “no se hace ningún esfuerzo para considerar estos actos a través de la lente adecuada de los crímenes de lesa humanidad”. Tampoco se tienen en consideración las implicaciones legales del desplazamiento forzado de medio millón de palestinos dentro de la Franja de Gaza. Para Badil, “la falta de aplicación del marco del derecho internacional humanitario y las normas consuetudinarias internacionales pertinentes en este sentido es una debilidad verdaderamente peligrosa e inexplicable”. Además, aunque la Comisión recibió el mandato de prestar especial atención a los acontecimientos dentro de la Franja de Gaza, también era su obligación investigar todas las violaciones del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado en su conjunto. Sin embargo, se ha prestado poca atención en el informe a la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental. Del mismo modo, ni el traslado forzoso de los habitantes palestinos y la implantación de colonos israelíes (sobre la que la Comisión recibió informes detallados por múltiples organizaciones) recibieron ninguna consideración significativa.
El comunicado de Badil señala el contraste que existe en el informe entre el lenguaje definitivo aplicado a los exámenes de la ilegalidad de los actos atribuidos a los grupos armados palestinos, y la vaguedad de la terminología aplicada a ciertos actos por parte de Israel para el mismo propósito. Señala además el desprecio del informa por el contexto de fondo, una ocupación de cerca de 50 años de duración caracterizada “por la naturaleza totalmente asimétrica de las respectivas capacidades militares de los actores”. De nuevo se alude al lenguaje empleado y Badil señala el tratamiento en igualdad de condiciones de los adversarios, pese a ser totalmente falso, como lo evidencian los respectivos balances de víctimas y destrucción sufridos.
En el apartado final, el informe de la Comisión recoge una serie de conclusiones condenatorias y jurídicamente significativas que pueden hacer mucho para promover la rendición de cuentas de los autores de crímenes internacionales durante el asalto de Israel a la Franja de Gaza en el verano de 2014. Aunque contiene recomendaciones cruciales dirigidas tanto a Israel y la Autoridad Palestina, hay otras recomendaciones fundamentales a la persona jurídica no reconocida de la «comunidad internacional». En este sentido, según señala Badil, “es fundamental que este informe sea seguido por una acción tangible de las respectivas entidades de la ONU y las agencias, organismos regionales, los estados individuales y otros actores que operan en el ámbito internacional, con el fin de castigar a estos individuos en toda la extensión de la ley, incluyendo soporte completo para el examen preliminar en curso por el Tribunal Penal Internacional”.
Por último, para Badil, el informe también contiene debilidades estructurales que “socavan su potencia global y el impacto más amplio”. Debilidades que considera “totalmente evitables” y de la que deben derivarse enseñanzas para futuras investigaciones sobre presuntos crímenes internacionales, “sin importar su enfoque geográfico”. “Fracasar en esto es fallar a aquellos individuos y comunidades que han sufrido enormes pérdidas como resultado de una conducta ilegal durante conflictos armados y promover la comisión y perpetuación de aquellos crímenes que tales investigaciones buscan castigar”, concluye el documento.
El Informe de la Comisión de Investigación: conclusiones significativas y debilidades evitables.
